Denuncian ante la CIDH violaciones de derechos humanos y ataques a defensores/as por proyectos hidroeléctricos en Guatemala

Representantes del Consejo del Pueblo Maya -CPO- presentaron casos que ejemplifican el fenómeno de la criminalización en Guatemala por parte de las empresas hidroeléctricas ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos –CIDH-.

Aura Lolíta Chávez y Udiel Miranda de la Comisión Política y Jurídica del CPO presentaron  ante la CIDH en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos un informe que documenta 10 casos y 273 incidentes de amenazas, criminalización y ataques contra defensores/as, autoridades tradicionales, medios de comunicación y comunidades.

El informe refleja que aquellas personas que reivindican sus derechos y los de comunidades indígenas frente a proyectos hidroeléctricos en Guatemala, sufren violaciones de derechos humanos y son víctimas de amenazas, agresiones e incluso asesinatos. Además manifiesta La historia de resistencia digna y justa en el ejercicio legítimo de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, versus la voraz política empresarial de maximizar sus ganancias instrumentalizando a las autoridades de gobierno a las cuales coopta para lograr, la autorización de licencias anómalas, la imposición de los proyectos en las comunidades e implementar una política de persecución profundamente racista con graves violaciones a derechos humanos de manera sistemática y generalizada en contra de las formas de organización comunitaria de los pueblos indígenas y de sus autoridades.

El documento da cuenta que, ante ese tipo de proyectos, las comunidades han visto vulnerado su derecho a la consulta, previa, libre, informada y culturalmente adecuada; a la autodeterminación; al debido proceso, y a la vida. La criminalización se evidencia en 103 órdenes de captura; el encarcelamiento de 36 personas defensoras y el asesinato de 11.

En el informe se evidencia además que quienes defienden a las personas y comunidades afectadas  son víctimas de amenazas y agresiones. Los ataques más comunes fueron órdenes de captura (103), agresiones que resultan en heridas (56), encarcelamiento (36), detenciones (25), criminalización (16), amenazas (15). Se documentaron también 11 asesinatos y tres muertes relacionadas con conflictos en las comunidades que se oponen a los proyectos.

Al menos 19 empresas están vinculadas con los proyectos hidroeléctricos: 55% nacionales, 40% trasnacionales y 5% estatales. Los denunciantes resaltaron ante la Comisión que es deber del Estado garantizar la protección de los derechos de las comunidades, de las personas que los defienden. Dicha  obligación de respeto de los derechos humanos se extiende a las empresas y a los financiadores de dichos proyectos.

Publicado el 20 de Marzo del 2017  Por: Consejo del Pueblo Maya – CPO –

 

 

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