CIDH hace serias recomendaciones al estado de Guatemala en materia de derechos humanos y acceso a la Justicia

La CIDH reconoce que el Estado de Guatemala en ciertos casos emblemáticos ha demostrado gran capacidad y compromiso para dar pasos significativos para garantizar los derechos humanos. En este sentido, es indispensable que el Estado priorice la adopción de medidas en relación con los siguientes temas:

  • Dotar a COPREDEH y a la Procuraduría de Derechos Humanos de suficientes recursos humanos y presupuestarios para que pueda cumplir con su mandato plenamente.
  • Ratificar la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación en Intolerancia, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte.

Verdad, justicia y reparación

  • Redoblar esfuerzos para dar con el paradero de las personas desaparecidas durante el conflicto armado interno, y garantizar investigaciones prontas, serias e imparciales en dichos casos.
  • Reforzar las acciones en la lucha contra la impunidad de las violaciones a los derechos de humanos cometidas durante el conflicto armado interno, a través de investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales, sancionar a los autores materiales e intelectuales y reparar a las víctimas.
  • Apoyar financieramente el Archivo de la Policía Nacional Civil.

Desigualdad y discriminación

  • Continuar con los esfuerzos para erradicar la pobreza extrema y el hambre, en especial, adoptar medidas urgentes para eliminar la grave problemática de la desnutrición infantil. En el caso específico de mujeres, niñas y adolescentes, diseñar e implementar programas y políticas para prevenir la mortalidad materna e infantil. Además, asegurar el acceso a agua potable y otros derechos básicos como educación y salud para toda la población.
  • Asegurar que antes de otorgar concesiones, licencias o permisos de exploración o explotación de recursos naturales que afecten las tierras o territorios ancestrales de pueblos y comunidades indígenas, se realice una consulta previa, libre e informada, con miras a obtener el consentimiento, en cumplimiento con los estándares interamericanos en la materia. Además, establecer una política pública integral que aborde la situación de discriminación que afecta a los pueblos indígenas y que atentan contra sus formas de vida, siendo elaborada y ejecutada con participación y en consulta con los pueblos indígenas de Guatemala, y respetando sus formas de vida y proyectos de desarrollo, de acuerdo al derecho internacional aplicable. Se deberá tener en cuenta también la participación de las mujeres indígenas, y los niños y las niñas indígenas a lo largo del proceso.
  • Crear instituciones para formular y desarrollar políticas a las personas afrodescendientes por medio de un Plan de Acción Nacional.
  • Como forma de erradicar la discriminación, promover la presencia de mujeres, en particular de mujeres indígenas y afrodescendientes, en cargos de decisión por medio de medidas de acción afirmativa.
  • Tomar medidas decisivas para garantizar a todas las mujeres víctimas de violencia y de discriminación acceso a la justicia en todas las etapas (denuncia, investigación y proceso judicial) con información accesible en términos de idioma y cultura, con personal capacitado, con asesoramiento jurídico especializado y con servicios de proximidad de atención a las víctimas.
  • Adoptar las medidas necesarias para desalentar la intolerancia y abolir todas las leyes que discriminan a las personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género.
  • Adoptar medidas inmediatas para proteger la propiedad intelectual colectiva de las mujeres indígenas en lo relativo a sus vestimentas y diseños que representan su identidad tradicional.

Acceso a la Justicia

  • Asegurar que el recurso de amparo y su aplicación en Guatemala cumpla con los estándares interamericanos sobre la materia.
  • Adoptar la reforma constitucional en materia de justicia a la brevedad posible asegurando que cumpla con los estándares internacionales sobre la materia, con el objetivo de fortalecer la carrera judicial y los procedimientos de nombramiento.

Protección de la niñez

  • Adoptar las medidas legislativas y las políticas públicas para implementar un verdadero modelo de garantía integral de la totalidad de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, que cree el andamiaje institucional adecuado para asegurar y proteger sus derechos, con un especial énfasis en los servicios destinados a la niñez en el nivel local, dotándolo de recursos humanos, materiales y económicos suficientes.
  • Respecto de los elevados niveles de institucionalización de niños y niñas, revisar la legislación, políticas y prácticas para garantizar su adecuación a los estándares internacionales, en particular reforzando las políticas sociales de apoyo a las familias con miras a que puedan ofrecer los cuidados adecuados a sus hijos e hijas, así como otras políticas sociales destinadas a garantizar derechos, como en salud, educación y nutrición. A su vez, regular de modo claro el carácter excepcional y por el menor tiempo posible de las medidas que impliquen la separación de un niño o niña de su familia por motivos de protección, aplicable solo en los supuestos taxativamente previstos en la ley, y la decisión quedar sujeta a revisión periódica, en consonancia con los estándares internacionales.
  • Promover un modelo de cuidados alternativos para los niños y niñas que lo requieran que respete y garantice sus derechos, dando prioridad a la disponibilidad de cuidados alternativos de carácter familiar, priorizando los cuidados en la propia familia ampliada o en su defecto en una familia sustituta, y solo cuando esté en el interés superior del niño o la niña recibir atención en un centro especializado en capacidad de prestar una atención personalizada y adaptada a sus necesidades de protección. El Estado debe poner fin al modelo de grandes instituciones residenciales, contrario a los estándares internacionales.

Seguridad Ciudadana

  • Elaborar políticas públicas de carácter preventivo, con fundamento en las causas de la violencia y los altos niveles de criminalidad, con el objeto de reducir en forma sustancial la criminalidad, y asegurar a las guatemaltecas y los guatemaltecos vivir en un país libre de violencia.
  • Asegurar la reglamentación y control efectivo de las empresas de seguridad privada y sus agentes, el registro y sanción de quienes no cumplan con la normativa; así como llevar a cabo un estricto control de armas.

Personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia

  • Aprobar e implementar de manera urgente una política pública de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, con el debido sustento jurídico. Esta política debe incluir la implementación de un programa de protección integral que disponga de medidas especiales de protección adecuadas y efectivas, que sean idóneas para enfrentar la situación de riesgo en que se encuentre la persona. Este programa debe incorporar un modelo de análisis de riesgo que permita determinar las necesidades de protección de cada defensor, incorporando, por ejemplo, perspectiva de género o de grupos en situación de especial vulnerabilidad.
  • Fortalecer la independencia judicial en el país mediante procesos de selección y nombramiento conforme a los estándares interamericanos y que en todo caso tengan por propósito seleccionar y designar a las y los operadores con base en el mérito y las capacidades profesionales. Con el fin de fortalecer la independencia de las y los operadores de justicia que integrarán los más altos puestos dentro del poder judicial, fiscalía o defensoría pública la Comisión considera conveniente la celebración de audiencias o de entrevistas públicas en las que la ciudadanía, las organizaciones de sociedad civil y otros interesados tengan la posibilidad de conocer los criterios de selección, así como a impugnar a las candidatas y candidatos y expresar sus inquietudes o su apoyo.
  • Adoptar las medidas para garantizar que los operadores de justicia realicen sus labores de manera imparcial e independiente, en respeto al principio de separación de los poderes y libre de toda amenaza o presión. Para ello, fortalecer las labores de la Unidad de Delitos contra Operadores de Justicia reconociendo la importancia de sus funciones en la garantía del derecho de acceso a la justicia, como del debido proceso.
  • Asegurar que las autoridades o terceros no manipulen el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a defensoras y defensores de derechos humanos y operadores de justicia. En la misma línea, debe abstenerse de hacer declaraciones o afirmaciones que estigmaticen o desacrediten a las defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, autoridades ancestrales, líderes y lideresas que sugieran que actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de defensa de derechos humanos.

Libertad de expresión

  • Adoptar las medidas legislativas y políticas públicas para reconocer y hacer efectivo el acceso de los medios comunitarios a frecuencias y licencias de radiotelevisión; en tanto abstenerse de perseguir penalmente a las radios comunitarias.
  • Respecto del programa de protección a periodistas y comunicadores sociales cuya creación fue anunciada durante la visita por el Presidente de la República, la CIDH enfatiza la importancia de que su contenido esté de acuerdo con los parámetros internacionales y en consulta con organizaciones de la sociedad civil, periodistas y trabajadores de medios.
  • Adoptar medidas para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, la pluralidad y la diversidad en el proceso de la transición digital. Entre ellas, se puede señalar la adecuación a los estándares interamericanos de los procesos de acceso, renovación o revocación de las licencias; el reconocimiento de los diferentes sectores en los medios de comunicación; la promoción de diversos y nuevos operadores; y la regulación de los límites a concentración.
  • Adoptar reglas claras y objetivas para la asignación de la publicidad oficial a los medios de comunicación.

Personas bajo custodia del Estado

  • En relación con la justicia juvenil, adoptar las medidas necesarias para asegurar que se cumplan con los estándares internacionales en esta materia, en especial, implementar en la práctica un modelo de justicia juvenil que contemple la privación de la libertad como una medida de último recurso y por el menor tiempo posible y que no tenga carácter retributivo sino rehabilitador, contando con instalaciones adecuadas y profesionales especializados que puedan aplicar programas socio-educativos y de rehabilitación que representen una oportunidad efectiva para la integración social positiva y constructiva de los adolescentes, y evitar su reincidencia
  • A fin de hacer un uso racional del encarcelamiento, la Comisión insta al Estado a promover, regular y aplicar las medidas alternativas a la privación de libertad, así como a realizar acciones  dirigidas a propiciar la reinserción social de las personas privadas de libertad mediante el fortalecimiento de medidas como la redención de penas y el régimen progresivo.
  • Respecto a la prisión preventiva, la Comisión recuerda que esta medida debe partir de la consideración al derecho a la presunción de inocencia y tener en cuenta la naturaleza excepcional de esta medida; además, debe aplicarse de conformidad con los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. A fin de reducir su utilización, la CIDH recomienda promover la aplicación de medidas alternativas a la misma, tales como mecanismos de monitoreo electrónico, arresto domiciliario, y programas de justicia restaurativa en materia penal. Respecto a los mecanismos de monitoreo electrónico, la Comisión insta al Estado a asegurar que su aplicación se determine atendiendo la situación económica de la persona imputada, se adecue a criterios de igualdad material, y no constituya una medida discriminatoria hacia personas que no tienen la capacidad económica de consignar dichos montos.
  • Considerando los altos niveles de suspensión de audiencias judiciales en Guatemala, y a fin de contrarrestar diversas dificultades que pudieran enfrentarse para trasladar a las personas privadas de libertad a los juzgados, la CIDH recomienda al Estado implementar las llamadas “audiencias en las cárceles”, que se realizan en recintos penitenciarios a los que asisten las autoridades judiciales para realizar determinados procedimientos.
  • Garantizar el derecho de los pacientes del Hospital Federico Mora a vivir en la comunidad, mediante el establecimiento de servicios y apoyos ambulatorios, definiendo de manera urgente una estrategia de desinstitucionalización, y asignando los recursos suficientes para el desarrollo dichos servicios.

Desplazados internos, migrantes, refugiados y desalojos forzosos

  • Adoptar medidas para prevenir las causas que generan la migración forzada de personas, así como adoptar medidas de protección, asistencia humanitaria y soluciones duraderas para personas desplazadas internas y garantizar el derecho a salir del territorio de migrantes y personas con necesidades de protección internacional.
  • Reglamentar el Código de Migración y otras normas relativas a personas en el contexto de la movilidad humana de conformidad con las normas y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el marco de un proceso participativo con las organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes.
  • Garantizar el acceso a la justicia a migrantes y sus familias, así como implementar medidas para la búsqueda e identificación de migrantes desaparecidos.
  • Implementar medidas efectivas que garanticen el goce efectivo de los derechos humanos y la reintegración de las personas deportadas o retornadas.
  • Garantizar que los desalojos sean realizados únicamente en observancia a las normas y estándares en materia de derechos humanos y a los principios de excepcionalidad, legalidad, proporcionalidad e idoneidad, con la finalidad de promover el bienestar social y garantizando soluciones a la población desalojada que pueden consistir en la restitución y el retorno, el reasentamiento y la rehabilitación o la justa compensación.
  • De conformidad con los Acuerdos de Paz, promover la creación de una jurisdicción agraria y ambiental dentro del Organismo Judicial mediante la emisión de la ley correspondiente por el Congreso de la República.
  • Adoptar medidas para garantizar la protección a la dignidad, a la vida y a la seguridad de las personas desalojadas, asegurando como mínimo el acceso a comida, agua potable y saneamiento, alojamiento, ropa, acceso a servicios médicos, medios de subsistencia y acceso a la justicia, así como garantizar el acceso de asistencia humanitaria y monitoreo independiente.
  • Fuente:  #OAS.ORG

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